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La Cárcel. Una Institución a Debate

Autor:Fernández García , J.; Pérez Álvarez , F. (Dirs.)
Editorial:RATIO LEGIS
Categorías:Editorial Ratio Legis, Criminología , Derecho, Penal
Año de Edición:2014
Páginas:285
ISBN:978-84-942028-1-0
Encuadernación:Rústica con solapas
Colección:Ciencias de la Seguridad
Precio:27,88€ + IVA
Congreso titulado: “La cárcel: una institución a debate”. Universidad de Salamanca. En él se ha podido discernir sobre un lugar de castigo, la cárcel, tan interesante como desconocido. Un espacio que, a pesar de las reformas de los últimos años y de los esfuerzos de los operadores del sistema, sigue siendo, por desgracia, un lugar hostil, desocializante y estigmatizador. Sus infames muros, en lugar de derribarse, se construyen cada día más altos y más separados de una sociedad de la que forman parte. El objetivo es que, desde este inigualable foro de debate y estudio como es nuestra insigne Universidad, donde no existen ni dogmas universales ni verdades absolutas, se trabaje por la reflexión permanente sobre la realidad carcelaria y se hagan propuestas de mejora. Nuestra seña de identidad, desde Nebrija, pasando por Fray Luis de León, Francisco de Vitoria, Unamuno o Tomás y Valiente, ha sido siempre la de un frondoso jardín donde florece la duda, la inquietud intelectual y la libertad de pensamiento. Iconos absolutamente necesarios para la investigación, la ciencia, el progreso y el respeto a los derechos humanos. Estar abierto a las opiniones de los demás es la mejor manera de construir un mundo mejor, más justo, tolerante y solidario, donde quepamos todos, también los privados de libertad que lo han sido en virtud de sentencia condenatoria por haber cometido un hecho delictivo. Uno de los deberes de la cárcel es devolver a la persona en las mejores condiciones para su vida futura en libertad. La Ley General Penitenciaria (LOGP) es clara al afirmar en su exposición de motivos que el recluso no es un ser eliminado de la sociedad, sino que continúa formando parte de la misma, aunque provisionalmente esté privado de uno de los derechos inalienables más importantes del ser humano; la libertad. No queremos que la cárcel siga siendo una institución cerrada, marginalizadora por excelencia y, como decía Foucoult, “un instrumento de represión y separación del delincuente” y un medio óptimo de control de las clases subalternas, de donde, por desgracia, procede la mayoría de la población carcelaria. Como se ha dicho hasta la saciedad por la mayoría de la doctrina penal, la vida en la cárcel tiene, además, un carácter estigmatizante que oscurece como un baldón ignominioso la vida futura del delincuente en libertad, obstaculizando su rehabilitación definitiva. En uno de los muros de una vieja prisión madrileña de finales del XIX, había escrito un lema: “en este lugar donde habita la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza”.
Sabemos que nuestra Carta Magna y dentro de la sección primera del capítulo segundo del título primero, denominado de los derechos fundamentales y las libertades públicas, establece claramente que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social, y no a la retribución y al castigo. Sabemos, que la primera ley orgánica de la democracia, la 1/79, de 26 de septiembre (LOGP) es una de las normas penitenciarias más progresistas y ambiciosas del mundo, que propugna un sistema penitenciario flexible, progresivo y humano, que reconoce y garantiza derechos y deberes de los internos, que considera las actividades de tratamiento, tales como la educación, la cultura, el trabajo, el deporte y los programas especializados (para drogodependientes, agresores sexuales, de género, extranjeros, prevención de suicidios o discapacitados, entre otros), como un medio para conseguir la plena integración en la sociedad, porque el tiempo en prisión no puede ser un tiempo vacío, carente de sentido, tanto para el recluso como para la sociedad. Sabemos que desde el Estado se ha hecho un esfuerzo muy importante en los últimos treinta y cinco años en la mejora de las instalaciones de nuestras prisiones. Sabemos que la reeducación y la reinserción social es la finalidad primordial de las Instituciones Penitenciarias y que también, la seguridad es muy importante y hay que garantizarla, aunque esté supeditada a aquellas. También sabemos que la seguridad y el orden pueden modular e incluso limitar el ejercicio de los derechos de los internos, pero, lo que no pueden, en ningún caso, es privarles de los mismos, incluso alguno de estos son de carácter fundamental como el de la educación, el acceso a la cultura y el desarrollo integral de su personalidad. También sabemos que muchas de las decisiones que restringen y suspenden los derechos de la persona son arbitrarias y no obedecen más que a meros indicios, sospechas o presunciones; cuando la actividad penitenciaria tiene que respetar escrupulosamente el principio de legalidad. Legalidad y arbitrariedad son, en consecuencia, difíciles de compatibilizar. En todo caso, cuando se adopten decisiones arbitrarias, se deberían respetar los principios y valores que informan el Derecho Penal y Penitenciario. La obsesión enfermiza por la seguridad y los miedos provocan que los derechos se devalúen aún más. Recordemos que el respeto a los derechos humanos en todas las fases del sistema penal, como afirma Berdugo, (también en la ejecución de la pena), constituye un criterio político criminal básico sobre el que debe asentarse cualquier actuación. Sobre todo ello se ha disertado ampliamente en estas jornadas y con unos actores de excepción, los congresistas, coordinadores de talleres y comunicantes, que han aportado críticas constructivas, ideas y sugerencias y que han sido publicadas en este interesante volumen.

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